El Disidente

¿Doctrina “Atristain”? El caso que puede liberar a presos de ETA

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Xabier Atristain saliendo de prisión de Martutene (EFE).

Analizamos la sentencia del TEDH que puede suponer la liberación de algunos presos de ETA

El caso Atristain ya es firme. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó la semana pasada el recurso de España, a través de la Abogacía del Estado, contra la sentencia del 18 de enero que condenaba a España a indemnizar con 12.000 euros al etarra Xabier Atristain, alias “Golfo”. El Tribunal de Estrasburgo declaró vulnerados sus derechos a un juicio justo y equitativo, y a ser defendido por un abogado de su elección, artículos 6.1 y 6.3c) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) respectivamente. Además, en febrero la Audiencia Nacional le concedió la libertad para “preservar el derecho a la libertad del solicitante mientras se resuelve sobre la revisión por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. Se prevé que la pena quede directamente anulada. ¿En qué consiste el caso y en qué puede repercutir al resto de presos de ETA? 

El caso gira en torno al régimen de detención incomunicada. En 2010, una serie de investigaciones apuntaban a que Atristain almacenaba en su domicilio una gran cantidad de explosivos y armas en condiciones de ser utilizadas, todo ello en el entorno de ETA. Por este motivo, Atristain fue detenido por la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional autorizó su detención incomunicada con el fin de adelantarse al eventual fracaso de la investigación en curso, cuyo objetivo principal era localizar las sustancias explosivas. 

Durante la detención incomunicada, autorizada por el juez de instrucción, fue informado de sus derechos como detenido, incluyendo su derecho a no declarar contra sí mismo y a guardar silencio. Sin embargo, hay tres cuestiones claves: se le asignó directamente un abogado de oficio sin dejarle elegir el suyo de confianza, no se le permitió reunirse con el abogado de oficio antes de ser interrogado y las declaraciones de Atristain en esos interrogatorios eran autoinculpatorias, admitiendo haber “colaborado” con ETA y detallando el lugar de los explosivos. Veamos estas cuestiones clave analizadas en la sentencia del TEDH. 

En España, la detención incomunicada viene regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Esta dispone que, en los casos de terrorismo, un juez de instrucción sólo puede autorizar la detención incomunicada mediante una resolución motivada que haga referencia a las circunstancias específicas. Asimismo, la LECrim permite en su artículo 527 restringir el derecho a elegir a un abogado de confianza en casos de detención incomunicada. No obstante, en referencia a este derecho, el TEDH sostiene que puede ser restringido si “…en interés de la justicia, existen motivos pertinentes y suficientes para considerar que es necesario”. En el caso de Atristain, el TEDH concluye que “los jueces nacionales no proporcionaron justificación alguna sobre la necesidad de dicha restricción ni dieron ningún motivo al respecto. El hecho de que el juez deba motivar la incomunicación en general no justifica la necesidad de restringir el derecho de acceder a un abogado de su elección”. Por consiguiente, hablamos de una falta de motivación por parte de los jueces al no realizar una evaluación caso a caso, y ampararse en normas de carácter general. 

De forma análoga ocurre con no permitirle reunirse con su abogado antes de los interrogatorios. El artículo 6.1 CEDH exige que, por regla general, “se facilite el acceso a un abogado desde el primer interrogatorio de un sospechoso por parte de la policía, a menos que a la vista de las circunstancias particulares de cada caso se demuestre que existen motivos determinantes para restringir ese derecho”. Aquí, el tribunal también determina la ausencia de motivación específica. 

A pesar de estas restricciones, para determinar que el juicio no ha sido justo y, por tanto, se han vulnerado los derechos mencionados, es necesario precisar si dichas restricciones han sido determinantes en el procedimiento. Es aquí donde entran en juego las declaraciones de Atristain. Al haberse producido las restricciones en esa parte del procedimiento, y al haber sido estas declaraciones “una parte importante de las pruebas materiales en las que se basó la condena”, el Tribunal concluye que se han vulnerado los derechos a un juicio justo y equitativo, y al no acceder a su abogado de elección. 

¿Se asentará como doctrina? 

Entre las asociaciones de víctimas corre el miedo de que la sentencia se asiente de forma automática para otros casos, como ya ocurrió con la doctrina Parot. Por el momento, la semana pasada se produjo la absolución de Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias “Gadafi”, siguiendo las mismas circunstancias que el caso Atristain. La próxima puede ser la ex jefa de ETA Iratxe Sorzabal, la cual ya ha pedido al Tribunal Supremo que le aplique la “doctrina Atristain”.  

Sin embargo, no se prevé una aplicación general al resto de etarras. Desde el Tribunal Supremo precisan que el caso Atristain es “un caso particular”, aunque “puede afectar a otros supuestos”. Eso sí, el afectado tendría que acudir al TEDH alegando la vulneración de su derecho a defensa, y en un plazo de 4 meses desde que se haya agotado la vía nacional.