El Disidente

Anticorrupción investigará varios contratos Covid concedidos por el Gobierno tras la denuncia de Ayuso

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El entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, con Pedro Sánchez, y Fernando Simón (de espaldas), durante una reunión en Madrid el 9 de marzo de 2020. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El valor de los contratos podría rondar los 326 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto un total de siete diligencias de investigación dirigidas a “confirmar o descartar” posibles irregularidades en la concesión de contratos Covid por parte de distintas figuras del Gobierno. El decreto, dictado por el fiscal jefe Alejandro Luzón, atiende de esta manera a las denuncias presentadas por el equipo de Ayuso de la Asamblea de Madrid. Así lo anunció ella misma en la Asamblea tras una discusión con Lobato: “Lo que vamos a hacer es empezar a investigar a todos”.

El decreto “acuerda la incoación de las correspondientes diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos”, en referencia a posibles irregularidades en contratos firmados por varios responsables del Gobierno que podrían alcanzar el valor de 326 millones de euros. La mayoría de los contratos apuntan hacia, a la sazón, ministro de Sanidad Salvador Illa. No obstante, hay otros ministerios afectados como el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (José Luis Ábalos), el de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones (José Luis Escrivá), e Interior (Grande-Marlaska).

En la denuncia presentada por el PP, se alegaba la especial vinculación de amistad entre los miembros del Gobierno y las empresas encargadas de los determinados contratos. Las sospechas señalan las siguientes empresas: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L; FCS Select Products, S.L; Member of the tribe, S.L; Wehai Textile Group, Hyperin, Beedigital y Playbol SA. Esta última salpicando al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción excluye de momento cualquier implicación de las personas aforadas, “la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados”. De este modo, es la Fiscalía Anticorrupción la encargada de proseguir con las investigaciones y no así la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Aunque el decreto no apunta directamente hacía unos determinados delitos, en la denuncia presentada por el PP se señalaban la posible comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos. La Fiscalía entiende que no se puede especificar los presuntos delitos ya que el PP no ha aportado nada, “salvo la referencia la publicación en diversos medios de comunicación”. Sin embargo, sí ha aportado diversos documentos relacionados con los contratos “obtenidos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, así como del Servicio de Contratación de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social”.