El Disidente

Reforma del Código penal para penalizar el acoso a mujeres que acuden a abortar

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Asociaciones provida se concentran frente a la Clínica Dator en 2009. Óscar del Pozo / Europa Press

Prevé penas entre tres meses y un año de prisión o de trabajos en beneficio de la comunidad para “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos”.

Desde el pasado jueves 14 de abril ya son perseguibles todos los “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” que se realicen contra aquellas mujeres que acudan a interrumpir voluntariamente su embarazo o profesionales que lo practiquen.

Con esta nueva reforma del delito de coacciones (artículo 172 Código penal) se pretende perseguir a los llamados “rescatadores”. Estos generalmente son grupos de personas provida que se concentran en los alrededores de los centros abortistas para rezar o prestar ayuda informativa a las mujeres que acuden a dichos centros sobre otras rutas con las que continuar su embarazo.

Esta nueva reforma se encontró la oposición frontal del PP y VOX en las Cortes Generales. El senador de VOX Jacobo González-Robatto tachó la reforma de “manipulación absoluta del lenguaje”.

La reforma se articula en el artículo 172 quater del Código penal y prevé una pena de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. Se fundamenta en tres puntos: La recomendación general número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para promover la práctica de abortos seguros, la confidencialidad y la privacidad en la toma de decisiones por las mujeres, por lo que recomienda, entre otras cuestiones, la señalización discreta de la ubicación de los servicios de aborto; y finalmente, un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) con entrevistas a mujeres que acudieron a abortar.

Cuestiones polémicas

Aparte del tema en sí, las dos cuestiones más polémicas de la reforma son las relativas a los términos empleados para enmarcar el delito y el procedimiento de denuncia. Los términos “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” han sido señalados como términos muy ambiguos, por lo que la libertad de expresión podría verse seriamente afectada. Por otro lado, no será necesaria la denuncia de la persona agraviada o su representante legal. En los delitos de coacciones (artículo 172CP) solo se da esta excepción en los casos de violencia doméstica y de género.

El artículo 172 quater tiene el siguiente contenido literal:

  1. El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.
  2. Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo.
  3. Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.
  4. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.
  5. En la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal.