El Disidente

El Tribunal Supremo inadmite una querella contra la ministra Ione Belarra por un delito de calumnias

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Tribunal Supremo

La Sala afirma que, aunque las valoraciones vertidas por la persona aforada son “injustificadas y ofensivas”, están amparadas por la libertad de expresión porque se limita a exponer su pensamiento o una opinión sobre asuntos de interés general.

El pasado 22 de octubre la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 publicaba lo siguiente en su red social Twitter: “Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidenta del Congreso para retirárselo, aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación”.

La fundación Foro Libertad Alternativa decidió entonces querellarse contra la ministra por presunto delito de calumnias. La fundación aducía que: “la acusación de Belarra excede ampliamente el derecho a la libertad de expresión y es presuntamente constitutiva de un delito de calumnias contra las autoridades del Estado y contra el Tribunal Supremo”.

Sin embargo, finalmente el Supremo ha inadmitido la admisión a trámite de la querella al considerar que los hechos denunciados en la querella no son constitutivos de un delito de
calumnias con publicidad contra autoridades del Estado en el ejercicio de su cargo y/o contra el Tribunal Supremo. En su auto, ha afirmado que, aunque las valoraciones vertidas por la persona aforada son “injustificadas y ofensivas”, están amparadas por la libertad de expresión porque se limita a exponer su pensamiento o una opinión sobre asuntos de interés general, pronunciadas en un contexto que, por su objeto y el sujeto al que van referidas, es eminentemente político.

Tras repasar su propia doctrina, la del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fija el restrictivo espacio en el que ha de moverse el derecho penal cuando entra en conflicto con el derecho a la libertad de expresión, concluye que, “no obstante los ofensivos términos de las manifestaciones que se atribuyen a la querellada, en la medida que las consideramos amparadas en su derecho fundamental a la libertad de expresión, y el contexto político en que se pronuncian, no cabe traerlas al ámbito del Derecho Penal, de ahí que proceda la inadmisión a trámite de la querella y su consiguiente archivo”.

Por último, el Supremo ha vuelto a reiterar la prudencia que ha de darse a la hora de emitir esta clase de juicios de opinión por parte de cargos públicos. No es la primera vez que el
Poder judicial pide respeto hacia las actuaciones judiciales y, sobre todo, ante dirigentes de la formación Podemos. La sentencia ha subrayado que “no estaría de más hacer uso de la prudencia a la hora de emitir libremente opiniones, más cuando quien las formula forma parte de una institución, como es el Gobierno de la Nación, porque no es la mejor muestra de responsabilidad institucional, en la medida que alcanzan a otra institución, como es el Poder Judicial, con lo que de afectación a su independencia puede conllevar (…)”.