El Disidente

El Supremo condena al Estado por no cubrir el seguro de responsabilidad civil de los guardias civiles

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El Supremo obliga al Gobierno a cubrir el seguro de responsabilidad civil de los guardias civiles

El pasado junio, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) recurrió al Tribunal Supremo que el Gobierno no hubiese proporcionado un seguro de responsabilidad civil que cubriese el desempeño de su actividad profesional. Dicho cuerpo, lleva esperando desde 2015, año en el que se introdujo en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil y fianzas que cubriera a estos agentes en el desempeño de su actividad profesional. Hasta ahora, los guardias civiles debían responder con su propio patrimonio personal y familiar cualquier indemnización derivada de su actividad personal.

Tras varios intentos dirigidos al Ministerio del interior y un requerimiento formal al Ministerio de Presidencia, la UO decidió recurrir al Supremo “contra la inactividad del Gobierno por omisión de desarrollo reglamentario que permita la contratación del seguro de responsabilidad civil y fianzas que ordena el artículo 30.2 de la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil”.

Ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que haya tenido que obligar a la Administración General del Estado a iniciar la regulación por reglamento de la póliza de responsabilidad civil para este cuerpo. La Abogacía del Estado alegaba que no había obligación legal para establecer un desarrollo reglamentario. Sin embargo, el Supremo confirma ahora dicha obligación legal y añade que, además, “la Administración era consciente de la necesidad de contratar el seguro: así lo instaba el entonces director general de la Guardia Civil (Arsenio Fernández de Mesa) al secretario de Estado de Seguridad, a lo que se unía que la Policía Nacional estaba y está en la misma situación”.

La sentencia ha sido ampliamente celebrada entre las diferentes asociaciones del cuerpo de la Guardia Civil y, además, la UO considera que se abre la posibilidad de que la misma sentencia se aplique a otros cuerpos como la Policía Nacional, cuyos sindicatos y asociaciones persiguen la misma reivindicación. Más dura ha sido la asociación APROGC, que ha expresado que es “muy decepcionante» que tras múltiples reivindicaciones a tres ministros del Interior (Jorge Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido y Fernando Grande-Marlaska) «no se haya hecho ni caso y haya tenido que ser una sentencia judicial la que le diga al gobierno que actúe”. “Se les debería caer la cara de vergüenza”.